Grupos de choque acosan a maestros en El Alto
Cuatro profesores y la directora de la unidad educativa Walter Alpire del Distrito 4 de la ciudad de El Alto son acusados por la Junta Escolar de maltrato psicológico, debido a que son “muy exigentes” y “dan mucha tarea”. Los acusados explican que el nivel de exigencia es el que corresponde al nivel formativo en Secundaria y que no pueden aprobar a los estudiantes que no cumplen con los trabajos asignados.
El jueves 15 de junio se realizó una Asamblea en el colegio alteño con la presencia de padres de familia, el director distrital de El Alto, Juan Carlos Tarqui, y dirigentes de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz (FDTEULP).
En dicha reunión, quienes piden la expulsión de los docentes se negaron a identificar a las supuestas víctimas. Se constató que el grupo de inconformes es minoritario, en tanto que los docentes cuestionados gozan del apoyo mayoritario de los padres de familia de base, del conjunto del plantel educativo y de sus propios estudiantes.
En la reunión se acordó otorgar un plazo a los padres de familia para que presenten pruebas de las acusaciones e iniciar un proceso administrativo a los acusados. Si se demuestra su inocencia, los maestros tendrán todo el derecho de iniciar procesos por difamación. Sólo el minoritario grupo de padres insistió en echar a los docentes sí o sí, negándoles el derecho a defenderse en un proceso administrativo.
Luego de la reunión, dos dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Educación Urbana de El Alto fueron brutalmente golpeados por grupos de choque, poniendo en evidencia la mano negra del gobierno masista en este caso de acoso político a profesores que son miembros de la Federación.
El 19 de junio, todos los profesores del colegio Walter Alpire se replegaron a la Dirección Distrital y exigieron garantías para trabajar.
Los maestros están trabajando bajo presión en El Alto y en otras regiones del país. Las juntas escolares manipuladas por el gobierno interfieren en el proceso enseñanza-aprendizaje y no permiten evaluar las capacidades del estudiante en su verdadera dimensión.
Preocupa particularmente la actitud de algunos progenitores de alumnos reprobados, que intimidan a los docentes y los amenazan con procesos por “maltrato psicológico”.
En la localidad de San Matías, departamento de Santa Cruz, el año pasado una profesora fue agredida en su propia unidad educativa. El director distrital, en vez de defender a la maestra, amenazó con declarar su ítem en acefalía. De igual manera, en Puerto Pailas quedó en evidencia la relación delincuencial entre el director y la junta escolar de un colegio.
Más agresiones
El 19 de junio, grupos de choque de la Junta Escolar del colegio Walter Alpire impidieron al periodista de la Federación cumplir su labor. Además de agredirlo, intentaron arrebatarle la cámara de video.
Entre los agresores se identificaron a personas que nada tienen que ver en el conflicto, entre ellas Virginia Flores, que es funcionaria de la Alcaldía de El Alto.
Otro agresor fue José Luis Garay, el mismo sujeto que participó en la golpiza propinada a dos dirigentes de la Federación, el jueves 15 de junio en El Alto.
Un policía de tránsito permitió la vulneración del derecho a la libre expresión, se parcializó con los bravucones y arrestó a la víctima, acusándola de “agresión” y de provocar “escándalo en vía pública”.
Y aunque ninguna persona se presentó en la Comisaría como víctima o denunciante, el periodista de la Federación fue arrestado en una celda por más de cuatro horas. El oficial responsable de la Unidad de Conciliación Ciudadana se negó a escuchar la versión del comunicador de la Federación y decomisó sus equipos, dizque, con “fines de investigación”.
“De un tiempo a esta parte, los padres de familia se han empoderado de las unidades y se creen dueños y amos de las mismas; quieren decidir que maestro se va y que maestro se queda. Algunos padres de familia conforman grupos de choque para intimidar a los docentes”, denunció el dirigente del Sindicato de Trabajadores de Educación Urbana de El Alto, Felipe Loza.
La Federación de maestros de La Paz exigió que se limiten las atribuciones de las juntas escolares y de las autoridades originarias, las cuales están desvirtuando el rol de los actores que intervienen en el proceso enseñanza aprendizaje.
Los dirigentes de la FDTEULP advirtieron a las autoridades educativas que si no ponen orden en las escuelas fiscales, serán responsables del deterioro de la calidad educativa, y cómplices de juntas escolares que se están acostumbrando a someter a los maestros a punta de chicotazos.