Normas que liquidan el Escalafón y las conquistas sociales del magisterio urbano
Curso taller referido a los decretos, resoluciones ministeriales y otras normas que destruyen el Escalafón y liquidan las conquistas sociales y laborales del magisterio urbano, impartido por el secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz (FDTEULP), José Luis Álvarez.
El Reglamento del Escalafón establece que un trabajador del magisterio sólo puede ser removido de su cargo si se demuestra su culpabilidad en un proceso administrativo. Pero en 2012 el gobierno de Evo Morales promulgó los decretos supremos 1302 y 1320 que permiten la suspensión de maestros sin goce de haberes, ante la sola imputación por maltrato físico, psicológico o acoso, y sin que exista una sentencia condenatoria previa.
En mayo de 2023, la Resolución Ministerial 374 dispuso la “rotulación negativa” en el Registro Docente Administrativo (RDA) de maestros de educación regular y en el DIGESTLA de educación técnica superior, estableciendo cinco categorías de amonestación. La Resolución 374 elimina el debido proceso y la presunción de inocencia, y liquida la estabilidad laboral en el magisterio.
La aprobación de la Resolución 374 demuestra el endurecimiento de la política represiva del gobierno, dejando en total indefensión a los trabajadores de la educación, pues la rotulación negativa impide a los maestros afectados ejercer plenamente sus derechos a simple denuncia, sin que medie la posibilidad de defenderse en un proceso administrativo o penal.
A los maestros les niegan el derecho a la presunción de inocencia, violentando de manera flagrante las garantías establecidas en las mismas leyes burguesas. En esta situación se encuentran muchos dirigentes que ya han sido condenados en procesos administrativos amañados, entre ellos la Secretaria Ejecutiva de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba, Griselda Torres, y muchos otros dirigentes que están siendo perseguidos en Potosí y otros departamentos del país.
Los decretos 1302 y 1320 y la resolución 374 son medidas políticas para amedrentar a los trabajadores con procesos administrativos, suspensiones y “repliegues” ilegales ante cualquier denuncia. El 4 de agosto se planteó una acción de amparo constitucional en contra del Director Distrital de Educación, Cesar Canqui Huanca, por el repliegue injustificado de una maestra. Podrían ser juzgados por responsabilidad civil, penal y administrativa quienes limiten o coarten los derechos de maestros sin el debido proceso, advirtieron vocales de la Sala Constitucional Primera.
REVISE EL RESUMEN DE LA PONENCIA