El magisterio urbano desnuda la incapacidad del gobierno para atender las necesidades de la educación
El eje vertebral de los objetivos de la movilización nacional del magisterio urbano está centrado en arrancar al gobierno un incremento sustancial del presupuesto educativo, con la convicción de que logrando este objetivo se resolverán los otros problemas candentes de la educación.
Las necesidades apremiantes del sector son la creación de la suficiente cantidad de ítems para cubrir el crecimiento vegetativo de la población escolar y reponer el monstruoso déficit histórico acumulado en los últimos diez años; atender las necesidades elementales de la educación (laboratorios, equipos de computación, pago del servicio de Internet para las unidades educativas, etc.); posibilitar un incremento de sueldos para los trabajadores de la educación que cubra las necesidades básicas de la canasta familiar; evitar el cierre de cursos paralelos y de unidades educativas con el argumento de la baja matriculación de alumnos; lograr la jubilación con el 100% del sueldo del trabajador activo; el ascenso automático de categorías, permitir que el sector administrativo y de servicio pueda acceder a la categoría al mérito, etc.
Además, se incorpora el rechazo a la aplicación de la nueva malla curricular modificada, reivindicando el derecho democrático que tienen los alumnos de acceder a los nuevos conocimientos producto del desarrollo de las ciencias y de la cultura en general, pero con ítems propios y con docentes con pertinencia académica. El magisterio urbano rechaza la pretensión del Ministerio de vulgarizar la enseñanza de esos conocimientos con el burdo argumento de que se trata de una simple complementación a los conocimientos que ya se enseñan.
El pliego también incorpora una lista larga de reivindicaciones que incorpora las necesidades de cada uno de los sectores del sistema educativo, como por ejemplo defender la calidad de la educación organizando cursos con el límite máximo de 20 alumnos, nivelación de los sueldos del sector urbano al rural, la defensa de los bonos que sistemáticamente están siendo cercenados por el gobierno, etc.
Ninguno de los puntos planteados han sido atendidos por el gobierno con el argumento de que el Estado no dispone de recursos económicos; de esta manera se está pagando caro la política entreguista de los gobiernos del MAS que han permitido que las transnacionales exploten, sin tasa ni medida, los recursos naturales; ahora está entregando a los chinos la explotación del litio por 30 años, yacimientos ricos de plata a los canadienses y el oro a los cooperativistas que son palos blancos de los chinos.
Saquean las riquezas de Bolivia
La fragilidad en la que se encuentra el sistema de pagos del país, que se refleja en escasez de dólares en el mercado financiero, encuentra una explicación para la Fundación Jubileo, en el comportamiento del déficit fiscal que en el 2023 cumple 10 años ininterrumpidos sin señales de contraerse, como resultado de un escenario con limitados ingresos, pero con un nivel alto y creciente de gastos, principalmente gastos corrientes.
En su análisis del Presupuesto General del Estado 2023: “El presupuesto público sin cambio de rumbo”, Jubileo advierte que el déficit se ha profundizado en los últimos años, alrededor de un 7.5% que llega a unos aproximados 3.000 millones de dólares que cada año el gobierno tiene que cubrir con lo que pueda para evitar el descalabro cambiario e inflacionario. El déficit es financiado con endeudamiento. “La deuda externa, que se incrementó constantemente durante y después del periodo de bonanza, ha llegado a 13.112 millones de dólares a octubre de 2022”. “Y, con relación a la deuda interna, esta comienza a crecer desde 2018, y se dispara en 2020 y 2021, por créditos de emergencia y liquidez, principalmente del Banco Central de Bolivia”.
A esto se suma el uso de la Reservas internacionales que en 2014 superaban los 15.000 millones de dólares, y a inicios de 2023 quedan sólo 3.796 millones de dólares. Las RRII que administra el Banco Central de Bolivia, se van acumulando en función a la diferencia entre lo que recibe frente a sus egresos. En el primer caso, lo hace por concepto de exportaciones de gas natural, minerales y créditos (la gran fuente que alimenta toda acumulación de reservas son las exportaciones). Entre sus egresos y gastos cuentan, entre otros, el pago de la deuda externa y el subsidio a los combustibles, además de la demanda de dólares y las importaciones.
Paradójicamente, las exportaciones en 2022 ascendieron a 13.652 millones de dólares, monto similar al de 2014, año cúspide del llamado período de “bonanza económica” y de abundantes ingresos de divisas a las reservas del BCB.
¿Pero por qué si ahora se exporta casi lo mismo que en el 2014, no hay dólares en el mercado cambiario?, ¿Dónde se van los dólares que ingresan al país? La razón de fondo de la actual coyuntura de insolvencia de divisas en el país por la que el gobierno se ve obligado a ofrecer a los privados un tipo de cambio más alto si lo venden al BCB y un superávit comercial de 761 millones de dólares está en que la composición de las exportaciones actuales ya no es el gas, sino los minerales, la soya y el oro, y que estas tres últimas ya no generan el nivel de ingresos para el Estado como generaba la exportación del gas.
Actualmente, el rubro principal de las exportaciones es minerales y la exportación del oro metálico (3.003 millones de dólares en 2022) que el gobierno contabiliza como manufactura. Con la exportación del gas en la década pasada “el 82 por ciento de los recursos obtenidos se iban al Estado y el 18 por ciento para las empresas transnacionales…”, decían. “Pero hoy, con el sector oro, el 98 por ciento se lo llevan los cooperativistas mineros, las empresas chinas o colombianas que producen por ahí. Y sólo dejan el 2 por ciento para los bolivianos. Entonces, si bien las exportaciones aumentaron mucho, esas exportaciones no le dan los mismos niveles de ingreso al Estado porque las estructuras tributarias de sectores como el agroindustrial y el minero son mucho más bajas. Y eso genera parte del desequilibrio”.
“El año 2014, Bolivia exportaba 6.592 millones de dólares por gas natural. Recibíamos por ingresos de esas exportaciones 3.535 millones de dólares de ingresos fiscales. En 2022, esas exportaciones se redujeron a un tercio, 2.972 millones. Los ingresos tributarios cayeron 64 por ciento, es decir, 1.263 millones. Entonces se produjo un agujero fiscal”. Entonces el gas dejaba gran parte de los ingresos por IDH para gastos de inversión de gobierno central, gobernaciones y alcaldías. De lo que se exporta hoy en día, los ingresos no van al Estado sino fundamentalmente a los agentes privados (transnacionales mineras, agroindustrias en manos de extranjeros, y las ilegales empresas chinas , etc. encubiertas como cooperativas en la explotación del oro). Todo esto nos permite concluir que la actual situación crítica del gobierno responde a su política entreguista de nuestros recursos naturales a favor los inversionistas privados extranjeros.
¿Ingresan dólares a Bolivia? Si. Pero se lo llevan y aprovechan los grupos privilegiados por el gobierno masista. Este es el contenido de clase del Modelo Económico Social Comunitario del “proceso de cambio”. Política rentista y entreguista de nuestros recursos naturales para el capitalismo internacional, orientación que terminará socavando la precaria estabilidad económica. Para el “mago de las finanzas” Arce Catacora, día que pasa, se le acaban las fuentes de financiamiento para cubrir esta brecha deficitaria en la balanza de pagos, lo que anuncia a futuro, el advenimiento de una crisis mucho más profunda.
El magisterio radicalizado
Los maestros rechazamos con energía la pretensión del Ministerio de Educación de incorporar nuevos conocimientos sin presupuesto, es decir sin carga horaria y sin maestros especializados, y cargando una parte del costo educativo a los padres de familia.
Los maestros alertamos que la verdadera intención del gobierno no es mejorar educación sino recortar drásticamente el presupuesto de la educación pública mediante el denominado “reordenamiento”, sinónimo de fusión de cursos, reducción de ítems, disminución de carga horaria en todos los subsistemas, supresión de los bonos de zona y frontera y paulatina eliminación de las conquistas sociales del gremio.
La dura represión policial del martes 7 de marzo, una torpeza inexplicable por parte del gobierno, ha exacerbado a los movilizados y ha permitido una rápida incorporación de otros sectores de maestros de base que sienten mucho malestar debido a las miserables condiciones de vida y de trabajo.
La radicalización de las bases impide a las direcciones francamente oficialistas y las reformistas maniobrar y desviar los objetivos de lucha por objetivos absolutamente secundarios, como la tramposa suspensión momentánea de las optimizaciones de ítems, cuando ya se está ejecutado en todo el país, e ilusionar a la gente con un congreso educativo para resolver los problemas estructurales de la educación. La declaración del ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, en sentido de sumarse a la convocatoria al congreso educativo ha alertado a las bases y ha puesto en evidencia que se trata de una maniobra del gobierno en concomitancia de la burocracia sindical.
Debe quedar claro que un congreso educativo no resolverá los graves problemas de la educación que tienen raíces estructurales. El gobierno del MAS está repitiendo lo que ya hizo el neoliberalismo con la reforma educativa 1565 en la última década del siglo XX, orientada a la destrucción de la educación fiscal única y gratuita y el Escalafón del Servicio Educativo.
Tomado de Masas N. 2735.