El cooperativismo minero toma el control de la política minera
El cooperativismo minero se ha constituido en una poderosa fuerza social y económica reaccionaria y el gobierno del MAS, tanto el de Evo como el de Arce, se subordinan a sus intereses a cambio de apoyo político. Por eso el nuevo ministro de minería es el cooperativista Alejandro Santos Laura.
En la designación del cooperativista Alejandro Santos Laura lo que ha primado en la decisión del gobierno de Arce Catacora es el interés electoral. Cuando se acercan elecciones, el MAS siempre busca los cientos de miles de votos que este sector ofrece a cambio de un “trato especial” y, segundo, el interés económico, puesto que sus preferidos son poseedores de grandes cantidades de dólares provenientes del brutal saqueo del oro. Por segunda vez en la historia de la minería nacionalizada, un ministro de minería es un cooperativista minero, la primera fue en el gobierno de Jeanine Añez (2019) con Carlos Huallpa.
El nuevo ministro ya anuncio que viabilizará los cientos de trámites “atascados” en la AJAM para la concesión de nuevas cuadrículas fundamentalmente en áreas auríferas. Esta descontado que seguirá beneficiando a este sector, por ejemplo, seguirán pagando un miserable impuesto por regalías del 2.5% del total de sus ingresos.
Como la espuma de la cerveza han crecido las cooperativas bajo el amparo de los gobiernos masistas, llegando en este 2024 a 1.700 cooperativas mineras existentes de la cuales más de 1.300 son auríferas, donde los adinerados socios contratan miles de mineros asalariados para explotarlos. Cooperativas que son el camuflaje de importantes inversiones de empresas chinas, peruanas y brasileras, que dominan la explotación del oro aluvional pese a que por ley está prohibida la asociación de cooperativas con empresas privadas capitalistas. En 2022 exportaron por encima de los 3.000 millones de dólares de los cuales dejaron para el Estado y las regiones sólo 65 millones de dólares.
El gobierno hace un mes firma acuerdos de libre exportación para el sector terrateniente agroindustrial del oriente; ahora realiza un pacto de sangre con los empresarios auríferos disfrazados de cooperativistas, lo que demuestra el verdadero contenido de la política económica y minera del gobierno: política RENTISTA de entrega de nuestros recursos naturales a las transnacionales y burgueses nacionales, en perjuicio y daño al Estado boliviano. El gobierno no es estatista defensor de la minería estatal, sino sobre todo es entreguista y sirviente de los grandes inversionistas privados.
¿Y qué de la minería nacionalizada estatal? Definitivamente al diablo. Como habíamos denunciado, el MAS no tiene un plan de fortalecimiento y desarrollo de la minería estatal, subordinándola a los intereses de la minería privada transnacional y la minería cooperativizada. Esa es la esencia de la Ley Minera 535 y la ley 466 de Empresas Públicas Productivas.
No se trata de “dejar pasar y dejar hacer” al gobierno. Atentos a lo que hará este ministro. Alertas y en estado de emergencia para la movilización en defensa de las empresas mineras estatales.
Arce busca consolidarse y acentuar su política proempresarial
No ha sido una sorpresa la crisis de gabinete; se trata de algo que venía sonando desde hace algunos meses por las presiones de grupos en pugna al interior de los diferentes sectores, desesperados en compartir las bondades del manejo del Estado. De esta manera, se produce en un contexto político, social y económico concretos, en medio de las disputas entre las dos fracciones del MAS y la necesidad de Arce por consolidar sus posiciones sobre las organizaciones sociales consideradas importantes en perspectiva electoral hacia el 2025 y terminar aislando, cada vez más, a un Morales que ya se bate en condiciones muy difíciles y que, sin embargo, todavía conserva su presencia en algunas organizaciones sociales como los campesinos, las bartolinas, los interculturales y en el parlamento.
Cinco nuevos ministros han entrado al gabinete. Arce, en su discurso en el acto de posesión de los mismos y respondiendo a las presiones que recibe desde diferentes flancos, ha repetido la impostura de que así cumple con las promesas hechas en sentido de consolidar un gobierno de las organizaciones sociales donde éstas, ejerciendo su voluntad soberana, definen el rumbo que debe seguir el Estado Plurinacional.
Lo remarcable es que el nuevo Ministerio de Minería y Metalurgia es un alto representarte de los cooperativistas mineros, un sector poderoso no sólo por su número que debe estar bordeando por algo más del medio millón de afiliados, sino, también por el poder económico que representa, sobre todo el aurífero que maneja una gran cantidad de capitales. Ha sido una designación muy delicada porque significa entrar en conflicto con el sector de la minería estatal, que se ha mantenido como firme aliado de los gobiernos del MAS pese a la política proimperialista y antiestatista del MAS. Los cooperativistas mineros son un sector en permanente conflicto por lograr mayores concesiones en áreas ricas de reservas mineras y en sectores de áreas protegidas como reservas forestales; tampoco ocultan su intención de avasallar las vetas más ricas de las empresas mineras estatales como Huanuni y Colquiri.
La designación del nuevo ministro significa que Arce hará mayores concesiones a este sector depredador de los recursos mineros del país, especialmente al aurífero que es palo blanco de las empresas chinas, colombianas, peruanas y brasileras; todo a cambio de la lealtad del sector a su gobierno. Acentúa así su política servil al imperialismo y a la empresa privada.
Otra designación remarcable es la de Omar Veliz como ministro de educación, en reemplazo del desgastado y torpe Pary, el propósito de Arce es recuperar el apoyo del magisterio rural y afianzar su control sobre la dirección nacional del magisterio urbano; las burocracias de ambos sectores ya han insinuado que se trata de una victoria dando a entender que, con el nuevo ministro, habrán posibilidades de modificar -en alguna medida- la política educativa del gobierno que consiste en subordinar las necesidades de la educación a la crisis económica, política que se concreta en la reducción del presupuesto educativo y en destruir las conquistas fundamentales de la educación y del magisterio.
Las otras designaciones en los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, del Medio Ambiente y Aguas y de Culturas, tienen el propósito de consolidarse y ganar terreno en los sectores del movimiento campesino, de los interculturales y de las Bartolinas con la finalidad de potenciarse frente a Evo Morales.
Este cambio de ministros no significará una modificación de la política global de gobierno en materia económica, social, política y educativa. Seguirá acentuando su carácter antieducativo y entreguista de los recursos naturales a las transnacionales imperialistas y a la empresa privada, seguirá cargando todo el peso de la crisis económica sobre las espaldas de los trabajadores y de los sectores más pobres del país.
Inmediata nacionalización del oro
El gobierno agobiado por la necesidad de fortalecer las raquíticas reservas del Banco Central, ha fracasado en su intento de arrancar a los cooperativistas del oro que le vendan parte de su producción que comercializan al exterior y que paguen el 4.5% como impuesto a su producción.
Ante ello, ha optado por autorizar mediante Decreto Supremo 5134 la creación de la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO), con una inversión 102.9 millones de Bolivianos.
En sí misma es una medida acertada, pero a la vez es insuficiente y limitada por la envergadura del sector aurífero al que enfrenta. Y con el que necesita mantener una buena relación con fines electotalistas.
Con más de 1.300 cooperativas en pleno funcionamiento en la Amazonía boliviana y que por más de 20 años importantes capitales chinos, peruanos, colombianos etc. que han invertido en dragas, equipo pesado y asentamientos humanos, han logrado consolidar un poderoso aparato privado extractivo del oro llegando a controlar el 99.5% de la producción y exportación del oro en Bolivia. Por lo que estamos hablando de un verdadero monopolio del oro en manos de cooperativistas y empresarios extranjeros, frente al cual una irrisoria inversión estatal de 15 millones de dólares y el dejar jurídica y legalmente intactas todas las concesiones mineras en manos de estos saqueadores, nos demuestra que tal lanzamiento de la creación de EPCORO no es una medida económica seria y decidida orientada a tomar el control de la producción y comercialización del oro a manos del Estado rompiendo el monopolio existente.
El gobierno nacionalista burgués de Busch en 1939 se atrevió a nacionalizar las ganancias de la gran minería en Bolivia, tomando el control total de las exportaciones mineras (en ese entonces en manos de los barones del Estaño, Patiño, Hochschild y Aramayo). Y que para efectivizar dicha medida ordenó al recién fundado Banco Minero de Bolivia obligar a los grandes mineros a entregar al Estado el 100% de los dólares que ingresaban al país. Medida que le costó la vida.
Sin lugar a dudas, Arce Catacora al lado de este militar progresista no es nada.; y mantiene el monopolio del oro en manos de los cooperativistas; la plata, plomo, zinc en manos de las transnacionales mineras de occidente; y hacia delante, preparando el terreno para entregar el litio. Entreguismo total y control de las divisas en manos de las grandes empresas privadas extranjeras y nacionales, es lo que refleja su política económica rentista al servicio de los capitales extranjeros.
Los cooperativistas del oro ya se han declarado en “estado emergencia” contra la creación de la Empresa Estatal del Oro. El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (FERRECO), Eloy Sirpa, señala que no fueron consultados y que tomarán medidas al respecto. Se consideran los dueños del oro del país y que tienen el monopolio de la explotación de oro. El propio nuevo ministro de minería, cooperativista, ya anunció que legalizará a los cientos de cooperativas ilegales otorgándoles legalmente las nuevas cuadrículas para la explotación aurífera.
Aumenta en 10% el precio internacional de este mineral precioso, mejorando sobreabundantemente los ingresos para el sector cooperativista aurífero y las importantes inversiones extranjeras detrás de este descomunal aparato saqueador del oro en los ríos bolivianos.
El Estado urgido de divisas para sostener las finanzas públicas y el pesado subsidio a los carburantes no se beneficia en nada de la bonanza económica de las cooperativas auríferas y las empresas camufladas detrás de ellas. Ni siquiera tributan el 4.8% por impuestos y regalías pactados con el gobierno en 2023; siguen pagando los miserables 2.5% por concepto de impuestos y regalías, tampoco venden su oro en moneda nacional al Banco Central para fortalecer las reservas internacionales con el pretexto de que aún no se ha aprobado la reglamentación de la Ley del Oro.
El Gobierno, a cambio de apoyo político en su lucha interna con el evismo en vista a las elecciones de 2025, no sólo que no se atreve a tocar los intereses de estos cooperativistas, sino que les ha entregado el Ministerio de Minería, que ya está en pleno trabajo de agilizar los cientos de trámites de adjudicación de nuevas cuadrículas, para que siga creciendo la depredación salvaje por la explotación privada del oro con el beneficio adicional de disponer de diésel a precio subvencionado para su maquinaria.
En el gobierno masista este sector cooperativo se mueven a sus anchas y reciben los mejores privilegios de su historia. Lejos está la posibilidad de que todo este dinero producto de la explotación de esta riqueza natural beneficie a las arcas estatales y por lo tanto al conjunto de los bolivianos.
En defensa de la minería estatal, contra las empresas que depredan nuestras selvas y saquean nuestro oro con la complicidad de los cooperativistas auríferos. ¡Estatización y monopolio estatal en la comercialización del oro!
Marx señalaba: “Nosotros reconocemos el movimiento cooperativo como una de las fuerzas transformadoras de la sociedad actual, fundada sobre el antagonismo de las clases. Su gran mérito consiste en mostrar en la práctica que el sistema actual de subordinación del trabajo al capital, despótico y pauperizante, puede ser suplantado por el sistema republicano de la asociación de productores libres e iguales”. Pero, añade, “el movimiento cooperativo limitado a las formas minúsculas nacidas de los esfuerzos individuales de los esclavos asalariados es impotente para transformar por sí mismo la sociedad capitalista. Para convertir la producción social en un amplio y armonioso sistema de trabajo cooperativo son indispensables cambios generales. Estos cambios nunca se realizarán sin el empleo de las fuerzas organizadas de la sociedad. Por consiguiente, el poder gubernamental arrancado de las manos de los capitalistas y de los hacendados, debe ser tomado por las mismas clases obreras. [Marx, “Instrucción sobre diversos problemas a los delegados del Consejo Central Provisional.”]
El cooperativismo minero “apareció en Bolivia como una forma de respuesta a la creciente desocupación y la necesidad que tuvo COMIBOL de disminuir sus costos en base de la explotación del trabajo de elementos organizados marginalmente a la empresa. Acaso las primeras en aparecer fueron las cooperativas auríferas, organizadas para explotar los yacimientos de la ex-empresa Aramayo en Tipuani.” [G. Lora, Diccionario Político]
A la advertencia de Marx habrá que añadir que en el marco del capitalismo, el cooperativismo degenera perdiendo lo que podía tener de trabajo colectivo solidario, se manifiesta la profunda degradación del hombre en la mezquindad individualista del capitalismo. En nuestro caso, la coyuntura de los altos precios del oro ha despertado la angurria de riqueza individual en los cooperativistas convertidos en explotadores y agentes de empresas privadas extranjeras -aparte de los socios cooperativistas existe una cantidad mayor de subcontratados eventuales explotados sin derechos sociales ni laborales-, además, asociadas a las cooperativas auríferas operan empresas chinas, colombianas, brasileras que saquean el oro en gran escala de forma desordenada y brutal depredando el medio ambiente.
Las cooperativas auríferas han exportado al año por un valor de unos 3.000 millones de dólares dejando al país, por regalías, apenas 70 millones. El costo para el Estado por la subvención del diésel para las cooperativas del oro se estima en 500 millones de dólares al año. Y no están dispuestas a ceder en nada sus privilegios. A la sola insinuación por parte de JUBILEO de levantar la subvención a los carburantes para este sector, han respondido con un categórico rechazo.
Tomado de Masas N. 2781, 2782 y 2783.