Diagnóstico de la “educación inclusiva” forzada
La inclusión forzada de estudiantes con alguna discapacidad en el sistema de educación regular no ayuda de manera efectiva a los niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje. La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada 10 personas tiene algún grado de discapacidad, principalmente discapacidad intelectual.
Para atender las necesidades educativas de este sector de la población, el gobierno boliviano no invierte en centros de formación ni en la contratación de especialistas, sino que se limita a fomentar la inclusión de personas con discapacidad intelectual en el subsistema de educación regular.
En los hechos, el Estado no garantiza el derecho a la educación de los niños y adolescentes con discapacidad intelectual, y carga esta responsabilidad a los maestros de aula.
La Ley Avelino Siñani y la Resolución Ministerial 01/2024 dejan abierta la posibilidad de inscribir a cualquier estudiante con discapacidad en cursos de educación regular, sin considerar si el grado de discapacidad es leve, moderado, grave o muy grave.
La experiencia demuestra que la inclusión forzada o las adaptaciones curriculares no son suficientes para garantizar el derecho a la educación de las poblaciones en desventaja.
Para garantizar este derecho se requiere una intervención integral, es decir contratar maestros especialistas y brindar infraestructura y equipamiento adecuados para atender las necesidades del estudiante, explica el delegado de Educación Especial de la Federación, Wilfredo Pomar.
Otro gran problema es que los padres de familia se niegan a reconocer que sus hijos sufren algún grado de discapacidad, y culpan al maestro de los fracasos escolares o lo denuncian ante la Defensoría por presunta discriminación.
La conclusión es que la política de inclusión forzada, en vez de apoyar a los estudiantes con alguna discapacidad, agrava su situación de desventaja en la vida adulta y en el ejercicio de una profesión.