Arrecia la persecución judicial contra dirigentes y maestros de base
El Ministerio de Educación, después de la movilización nacional, ha decidido escarmentar a elementos identificados como cabecillas de los contingentes que se movilizaron en la ciudad de La Paz. Usan como grupos de choque a los padres de familia de algunas juntas dirigidas por conocidos oficialistas para hostigar a las células sindicales que han jugado un papel destacado en las movilizaciones en todo el país y, con más fuerza, en La Paz.
En la ciudad de El Alto, la junta escolar de la unidad educativa Walter Alpire ha tomado el local del establecimiento exigiendo la expulsión de cuatro maestros que son dirigentes de la Federación. En Cochabamba están a la orden del día los procesos administrativos por cualquier motivo, y se abren procesos penales en contra de los maestros, como está ocurriendo en la unidad educativa Wilge Rodríguez B., por el sólo hecho de haber emitido un voto resolutivo declarando al presidente de la junta escolar como enemigo del magisterio.
En la ciudad de Quillacollo, los maestros y el personal administrativo de la unidad educativa Darío Montaño también están procesados por la vía ordinaria por haberse movilizado exigiendo la destitución de su directora por abusiva y prepotente. Los directores de unidades educativas abiertamente identificados con el gobierno desarrollan una franca política de hostigamiento y persecución al personal docente, administrativo y de servicio, imponiéndoles obligaciones que no les corresponde y fuera del horario de trabajo.
Prueba del endurecimiento de la política represiva del gobierno es la promulgación del Decreto Supremo 347/2023 que deja en total indefensión a los trabajadores de la educación al disponer la “rotulación negativa” en el Registro Docente Administrativo (RDA) de maestros de educación regular y en el DIGESTLA de educación técnica superior, rotulación que impide a los maestros afectados ejercer plenamente sus derechos a simple denuncia, sin que medie la posibilidad de defenderse en un proceso administrativo o penal.
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A los maestros les niegan el derecho a la presunción de inocencia, violentando de manera flagrante las garantías establecidas en las mismas leyes burguesas. En esta situación se encuentran muchos dirigentes que ya han sido condenados en procesos administrativos amañados, como es el caso de la Secretaria Ejecutiva de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba, Griselda Torres, y muchos otros dirigentes que están siendo perseguidos en Potosí y otros departamentos del país.
En medio de esta política represiva del gobierno, las tendencias francamente oficialistas y reformistas en el seno de las organizaciones sindicales del magisterio pugnan por remachar en los estatutos la idea cavernaria de privar los derechos sindicales a los maestros que alguna vez hubieran tenido sentencias ejecutoriadas, tanto en procesos administrativos, penales o sindicales.
En este sentido, en el último Congreso Orgánico de la Federación de Cochabamba, se impone como requisito para ser candidato a un cargo sindical el REJAP, que es un certificado judicial de los antecedentes penales de las personas. Así, la escoria oficialista y reformista cumple el papel de instrumento ejecutor de la política represiva del gobierno contra los sindicatos: impedir que connotados luchadores ejerzan sus derechos sindicales, y entregar a los maestros atados de pies y manos a los designios del gobierno y de su justicia corrompida.
Los trabajadores de la educación deben luchar por la vigencia plena de la independencia política de sus sindicatos frente a Estado burgués y a las expresiones políticas de la clase dominante, lucha que implica desterrar de sus estatutos los efectos de los procesos administrativos y ordinarios porque, de manera incuestionable, son instrumentos de represión estatal contra los trabajadores de la educación. Las únicas instancias que pueden juzgar las contravenciones a los estatutos, tanto de los dirigentes como de las bases, son los consejos de disciplina sindical, tanto departamentales como el ente nacional.
Para lograr este propósito es necesario sepultar a la burocracia sindical reformista que, en última instancia, se convierte en parte del aparato represivo del gobierno para frenar las luchas reivindicativas de las bases y extirpar a las dirigencias revolucionarias, violentando principios constitucionales como la presunción de inocencia y el fuero sindical.
Tomado de Masas N. 2758