La presión de las bases acorrala a la dirección de la CTEUB
La puesta en marcha de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, en medio de una profunda desconfianza que sienten las masas porque el gobierno tenga en sus manos los cuantiosos fondos de capitalización individual, ha puesto en tensión no sólo al magisterio nacional sino al movimiento obrero y a todos aquellos otros sectores que aportan para las jubilaciones. También ha puesto al desnudo la incapacidad de la dirección nacional del sector.
El debate en torno a la Gestora también ha puesto en el tapete de la discusión la situación calamitosa del seguro a corto plazo y la quiebra de sus entes gestores, controlados burocráticamente por el gobierno.
En este contexto se ha realizado la Conferencia Nacional Especializada de Seguridad Social del Magisterio Urbano de Bolivia, que se ha caracterizado por los siguientes aspectos que revelan el grado de madurez de las bases y las grandes limitaciones de sus direcciones burocratizadas:
Un magisterio que sale de un largo período de estancamiento en sus movilizaciones y que se encuentra frente a una nueva realidad de graves amenazas que ponen en peligro sus conquistas sociales, económicas y profesionales, ahora, sacudidas por la puesta en marcha de la Gestora Pública en manos de un gobierno incapaz y corrupto, reaccionan instintivamente preocupadas en poner a salvo sus ahorros jubilatorios.
Todo este proceso se está dando con el telón de fondo de la agudización de la crisis económica que empieza a hacerse sentir con la subida de los precios en los artículos de primera necesidad, en la depauperación del valor de compra de los sueldos y salarios y de los magros ingreso de esas inmensas mayorías de cuentapropistas que existen en el país.
Se vive un proceso de acumulación cuantitativa de un malestar social imparable que obedece a factores objetivos, aunque, por las circunstancias de las fiestas de fin de año, se verá momentáneamente retardado para luego acelerarse nuevamente los primeros meses del próximo año debido a la incapacidad del gobierno para satisfacer las necesidades de los diferentes sectores.
También pone al desnudo la incapacidad de la dirección nacional del sector (CTEUB) porque no atina a dar una respuesta a los diferentes problemas que acucian a las bases, particularmente en lo referente a los peligros que implica el funcionamiento de la Gestora Pública en manos del gobierno.
Se trata de una dirección anodina que usa como bandera el apoliticismo de los sindicatos como sinónimo de “independencia política frente al gobierno y a todas las manifestaciones de la política”. Una dirección que está condenada a navegar como un frágil velero según el estado de ánimo de las bases, en momentos de grandes convulsiones sociales obligada a arroparse en un lenguaje radical para caerles bien a los movilizados y, en momentos de estabilidad social, sacar la verdadera cara de capituladores frente a los gobiernos de turno.
En el caso concreto de la Conferencia, no ha presentado ningún documento como propuesta y se ha limitado a realizar el papel de seguidismo detrás de la tendencia revolucionaria que ha planteado, de manera coherente, una posición clara desde el punto de vista de la política proletaria en materia de la seguridad social.
Los documentos presentados por la corriente revolucionaria (URMA) a nombre de la Federación paceña han sido aprobados en su totalidad. En lo esencial se determina luchar porque la administración del seguro social en todas sus modalidades deben estar en manos de los trabajadores y debe funcionar de manera autónoma del Estado burgués, bajo el régimen del control obrero colectivo; los directorios deben estar constituidos por una representación mayoría de más del 70% laboral frente a la representación estatal; que la política de la seguridad social debe ser elaborada desde las bases, según los intereses y objetivos proletarios; como medida coyuntural, luchar por una jubilación con rentas equivalentes al 100% del sueldo del trabajador activo, retornando al aporte tripartito (patronal, laboral y estatal), sin abandonar el objetivo de que, quienes deben pagar las rentas de los trabajadores, son el patrón y el Estado porque ha exprimido plusvalía a los trabajadores durante toda su vida productiva.
Este evento sindical también ha aprobado la condena a la persecución política que viene ejerciendo el gobierno contra Rodrigo Echalar Amorós y 27 maestros del Departamento de Potosí.
Luchar por una Gestora autónoma
Cómo preservar los ahorros de los trabajadores de la voracidad irresponsable de un gobierno desesperado de rascar la plata de donde sea para salvar sus compromisos sociales y financieros es un problema coyuntural de la presente etapa de agonía del capitalismo que pone en riesgo la seguridad de los trabajadores en su tercera edad.
Nuestra respuesta al problema de la seguridad social va más allá y consiste en disputarle al Estado burgués y a los empresarios el tamaño de la plusvalía que le exprimen al trabajador; planteamos que es obligación del empleador garantizar a sus dependientes, en su vejez, sueldos de pago diferido que debe acumular el empleador durante toda la vida productivamente útil de la fuerza de trabajo y que se traduzcan en rentas que cubran todas sus necesidades vitales. Estas rentas, igual que los sueldos y salarios, deben incrementarse en la misma proporción que suben los precios de los artículos de consumo (escala móvil de rentas).
La creación de la Gestora Pública del Seguro a Largo Plazo en manos del gobierno es poner el destino de los trabajadores no sólo en manos de un gobierno incapaz para manejarlo correctamente y garantizar una buena rentabilidad que redunde en la mejora de las miserables rentas que perciben; también significa poner los ahorros de los trabajadores en manos de un gobierno corrupto en extremo que ha desfalcado millones de dólares a las arcas del Estado.
Corresponde responder al problema crucial de cómo se garantiza que el fondo de capitalización individual que rebasa los 23 mil millones de dólares no se esfumen en manos de Arce Catacora y su pandilla. El DS 2248 dice que la Gestora es una “empresa pública, nacional, estratégica con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica…”, se entiende que del Estado; pero, en la misma norma legal señala que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Viceministerio de Pensiones y la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), quienes son los encargados de fijar las políticas generales de la seguridad social, sus mecanismos de funcionamiento, las inversiones, etc., y la Gestora es apenas un organismo operativo que debe pagar rentas a los jubilados, los bonos Juana Azurduy de Padilla, la renta dignidad, ejecutar préstamos a las empresas productivas y al gobierno en el marco de las políticas trazadas por el Estado.
De esta manera, la Gestora le permite al gobierno tener el control total de la plata de los ahorros de los trabajadores como una caja chica de libre disponibilidad para cubrir sus necesidades emergentes de la crisis económica sin ninguna garantía de su rentabilidad y de su recuperación, sin ninguna fiscalización de los dueños de la plata; como algún dirigente sindical ha dicho, es como poner el queso al cuidado del ratón hambriento.
La respuesta de los trabajadores debe ser luchar por una Gestora realmente autónoma del Estado burgués y de su gobierno, con un directorio donde la representación obrera debe ser la mayoría absoluta bajo un régimen del control obrero colectivo con delegados elegidos directamente por las bases; para evitar su burocratización, no deben recibir estipendio alguno, ganar el sueldo de un trabajador de mano de obra calificada y ser revocables en cualquier momento, si surgen dudas de su honestidad en el desarrollo de sus funciones como fiscalizadores a nombre de las bases.
El Directorio de la Gestora debe fijar las políticas generales del manejo de los ahorros de los trabajadores, fijar los marcos de la política de los préstamos que garanticen la rentabilidad de los mismos y que garanticen la sostenibilidad del pago de las rentas a largo plazo. Toda esta política de funcionamiento de la Gestora debe ser de conocimiento y fiscalización de las bases. La parte operativa técnica debe estar en manos de recursos humanos calificados y adecuadamente remunerados para cumplir a cabalidad las políticas fijadas por el Directorio. De esta manera, la clase obrera, puede subordinar a los técnicos y a los recursos de la ciencia a su política. Se trata de un ensayo de cómo, el futuro Estado obrero, al principio, debe usar la ciencia y la tecnología al servicio de su perspectiva revolucionaria.
Tomado de Masas N. 2723 y 2719.