El gobierno del MAS cede otra vez, presionado por la movilización popular
El gobierno de Luis Arce decidió abrogar de la Ley 1386 denominada Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, luego de seis días paro y movilizaciones de comerciantes minoristas, transportistas, comités cívicos y plataformas ciudadanas de Potosí, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz.
“Escuchando las demandas del pueblo boliviano, escuchando las demandas sectoriales, nosotros hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386 con el objeto allanar el camino para que no exista el menor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía”, explicó Arce en una conferencia de prensa la noche del sábado 13 de noviembre.
Los sectores sociales en conflicto y comités cívicos de al menos cuatro departamentos iniciaron el paro cívico el lunes 8 de noviembre y con el pasar de los días la protesta se fue masificando, al extremo de que el gobierno tuvo que movilizar tropas policiales para contener las revueltas y evitar el bloqueo de vías.
La represión policial no atemorizó a los movilizados; al contrario, enardeció más a los manifestantes tras constatarse que las “fuerzas del orden” soliviantaban y colaboraban con grupos sociales paraestatales que salieron a la calles a reprimir a los opositores.
“Todo lo que ha pasado está generando miedo, zozobra, incertidumbre, innecesariamente en el país, producto de que hay sectores que tienen otros intereses. (…) Lo que queremos ahora es que podamos tener la tranquilidad de que se reanuden las labores y continuemos construyendo esta economía que necesita del conjunto de todas y todos los bolivianos”, dijo Arce este sábado antes de oficializar la abrogación de la Ley 1386.
Desde septiembre de este año, el gobierno de Arce se esforzó por mostrarse duro e inflexible frente a las protestas sociales. Primero, aceleró la sentencia condenatoria ejecutoriada contra el alcalde opositor de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; después desarrolló una durísima campaña contra la marcha de indígenas de tierras bajas, acudiendo a la violencia organizada de los interculturales masistas para impedir su arribo a la capital cruceña, y luego reprimió a los cocaleros de La Paz para consolidar el asalto a la sede de ADEPCOCA.
Sin embargo, debido a la presión popular, el gobierno desistió de su intento de encarcelar a Reyes Villa, y luego tuvo que permitir el avance de la marcha indígena, ofreciendo incluso seguridad policial para que la columna indígena llegue sin contratiempos a la ciudad de Santa Cruz. Acto seguido, el gobierno del MAS retrocedió frente a la imponente movilización de cocaleros de Los Yungas y tuvo que devolverles su sede, usurpada por militantes masistas.
Este sábado, Arce reculó frente a un heterogéneo movimiento social que exigía la derogación de la Ley “maldita” 1386.