El fracaso del Sistema Integral de Pensiones
𝘽𝙧𝙪𝙣𝙤 𝙍𝙤𝙟𝙖𝙨 𝘾𝙖𝙡𝙡𝙚𝙟𝙖𝙨 (RENNO-Masas).-El Sistema Integral de Pensiones en Bolivia, vigente desde el año 2011 con la ley 065, fracasó en el objetivo de garantizar los medios de subsistencia a los jubilados, vale decir, en garantizar el pago de una pensión de jubilación que cubra sus necesidades básicas.
Hoy, ser jubilado equivale a ser una persona en situación de mayor pobreza con relación a la precariedad que tenía en su vida laboral, ya que su renta de jubilación representa más o menos a un tercio de la remuneración que ganaba, tal como lo evidenciaron varias investigaciones y fundamentalmente, los cientos de testimonios de rentistas que se jubilaron con el actual sistema.
Las recientes movilizaciones y huelgas de hambre de los jubilados del Sistema Integral de Pensiones, denunciaron precisamente que las pensiones que reciben los condena a vivir en condiciones de pobreza por lo que demandan una nueva ley de pensiones. Esta demanda que ya fue planteada en años anteriores por varios sectores laborales, tiene eco en la gran mayoría de los 195.268 jubilados a mayo de 2022, que perciben rentas inferiores a lo que ganaban cuando eran trabajadores activos.
Y es que el actual sistema impuesto por el gobierno de Evo Morales continúa la orientación privatista y bancaria del Seguro Social Obligatorio (SSO) que entregó desde 1996 a manos de las AFP la administración de los fondos de pensiones de los aportantes y de los rentistas, no para beneficio de éstos, sino para provecho de empresas privadas nacionales y extranjeras que obtuvieron en todos estos años suculentas ganancias. Desde el 2011, ambas AFP lograron en promedio una ganancia neta anual de 9 millones de dólares, monto superior al que ganaron en años anteriores.
Las pensiones son bajas porque continúa vigente el régimen de capitalización individual por el que cada trabajador ahorra en su cuenta personal, como en cualquier banco común y corriente, para lograr un monto acumulado que le alcance para jubilarse. En esta cuenta, sólo aporta el trabajador ya que el Estado y los empresarios fueron liberados desde 1997 de su obligación de contribuir a este ahorro, vulnerando de esta manera el principio de solidaridad que determina el Código de Seguridad Social en Bolivia.
El ahorro que logra el trabajador, luego de muchos e indefinidos años de aportes resulta insuficiente para que obtenga una pensión equivalente al 70% de su referente salarial, tal como lo establece la actual ley 065. Si el referente salarial de una trabajadora, como promedio de los salarios ganados en los dos últimos años, es de 6 mil bolivianos, su pensión de jubilación debería ser de 4.200 bolivianos en cumplimiento de la ley vigente; sin embargo, esto no ocurre debido a que el actual sistema de pensiones impone criterios bancarios y técnicos que imposibilita el pago de tal pensión, así sea que la trabajadora haya aportado por más de 40 o 50 años.
En suma, la trabajadora de nuestro ejemplo, tendrá que resignarse a una renta inferior a los 2 mil bolivianos y a condiciones de vida más precarias.
Ahora bien, para aliviar parcialmente las rentas bajas, la ley 065 creo el Régimen Semicontributivo y con éste, la pensión solidaria, por la que el jubilado obtiene un aumento adicional a la renta base inicialmente calculada. De esta suerte, siguiendo el ejemplo anterior, la trabajadora podría obtener una pensión por encima de los 2 mil bolivianos, dependiendo de la cantidad de años de aportes y del monto de su renta base. Vale decir, el aumento adicional a la renta no es homogéneo ya que podría ser insignificante o algo más apreciable.
Según los estudios del CEDLA, pese a la “mejora” de las rentas con la pensión solidaria, éstas continúan siendo inferiores a los salarios que ganaban los trabajadores en vida activa y a lo que determina la propia ley 065. Incluso, sumando el monto que reciben los jubilados actuales con la Renta Dignidad, las pensiones resultan de lejos insuficientes para cubrir una canasta básica familiar.
Las bajas y hasta miserables pensiones de jubilación y las condiciones de vida precarias de los jubilados no interesan al gobierno de Arce y del Movimiento al Socialismo, cuyas autoridades se han esmerado en defender las bondades de los insignificantes incrementos anuales que reciben los rentistas y de la estabilidad y funcionalidad del actual sistema de pensiones.
Para el gobierno una pensión equivalente al 100% del salario promedio de los últimos años, tal como es la demanda histórica de los trabajadores del país, es imposible, fiel a su orientación empresarial. Sin duda, son los trabajadores y jubilados quienes deben persistir en lograr una pensión que les permita vivir en condiciones adecuadas.