Arrecia el ataque del gobierno a dirigentes del magisterio de 4 departamentos
El gobierno enducere su política represiva y ataca abiertamente a los dirigentes revolucionarios que enarbolan la independencia política y sindical, a los líderes sindicales del magisterio urbano que levantan en alto la política de la clase obrera frente a la política antipopular y antiobrera de la clase dominante, que hoy encuentra expresión en el gobierno masista.
- Recrudece la persecución política a dirigentes trotskistas del magisterio
- El MAS y la burocracia intentan apoderarse de los sindicatos independientes
- Urge organizar la resistencia nacional y repeler al gobierno represor con la acción directa
Primero se inició un proceso administrativo contra la Ejecutiva de la Federación del Magisterio Urbano de Cochabamba, Griselda Torrez, sancionándola con dos meses sin goce de haberes, intentando amedrentarla por luchar contra los abusos y atropellos que cometen las autoridades educativas.
A continuación, se activó un proceso penal contra el dirigente de la COD de Chuquisaca, Rodrigo Echalar Amorós, por encabezar las movilizaciones departamentales durante 2019, acusándolo de “golpista”, cuando todos saben en Chuquisaca que desde CODEINCA se impulsó una rebelión popular contra un mal gobierno que no supo atender las necesidades más urgentes del departamento y del país, y que en todo momento se conservó la independencia frente al oficialismo y la oposición.
Una de las denunciantes de Echalar es Verónica Huanca, exasesora jurídica de la Federación durante la gestión de FIRME, actual miembro del supuesto Comité Impulsor de la Justicia, brazo operativo del MAS para desarrollar la persecución política contra los dirigentes que no se someten al oficialismo. También Willma Murillo, que está detrás de los procesos sindicales contra los dirigentes, es la misma que testificó contra el magisterio para que congelaran las cuentas de la Federación por un monto de más 452 mil bolivianos.
Bajo los mismos argumentos, el gobierno pretende procesar a 27 maestros de Potosí que encabezaron el comité de movilizaciones en 2019, en rechazo a la política entreguista del gobierno respecto al litio del salar de Uyuni, y por el incumplimiento de varios compromisos del gobierno con el pueblo potosino.
Ahora el gobierno arremete contra la Federación del Magisterio Urbano de La Paz, encabezada por José Luis Álvarez. Primero, el Ministro de Educación Edgar Pary lanzó una serie de ataques contra Álvarez por impulsar las movilizaciones del magisterio nacional y por desmentir las acusaciones del presidente, quien tildó al magisterio de salarialista y lo responsabilizó de la caída de la calidad educativa. La Federación paceña planteó claramente que la crisis de la educación es responsabilidad exclusiva de la política educativa de los gobiernos de turno, y que la misma se ha profundizado por la imposición retrógrada y anticientífica de la ley 070.
El contra ataque del Gobierno no se dejó esperar. Esta vez la Ministra de Trabajo, Verónica Navia, niega el reconocimiento a los dirigentes de la Federación de La Paz, acusándolos falsamente de tener cuentas pendientes; no es más que la reedición de la acusación que en su momento lanzara el ministro Aguilar y que se demostró que era completamente falsa, pues la Federación paceña cuenta con informes económicos auditados y aprobados en sus eventos orgánicos.
Paralelismo sindical y división de sindicatos
Desde 2006, el MAS divide a los sindicatos que asumen una posición crítica frente al gobierno de Evo Morales. Si no los puede controlar y someter, crea organizaciones paralelas truchas que son reconocidas de inmediato por el Ministerio de Trabajo con el objetivo de debilitar a los sectores rebeldes.
Las arcas del Estado han servido para financiar a la burocracia sindical servil y corrupta y de esta manera asegurar apoyo social controlando todo el aparato sindical del país y demás organizaciones gremiales y sociales. Los burócratas sindicales han aprovechado ese poder para hacer negociados y sacarle toda la plata posible a las empresas e instituciones públicas; es el caso de Rolando Borda, que aparece en la lista de dirigentes de YPFB y que, como él mismo confirma, tiene a media familia trabajando en la empresa.
Los trabajadores de Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) denunciaron que fue posesionado un Comité ad hoc por el mismo gerente, Edwin Condori y la Central Obrera Departamental de Oruro, desconociendo al sindicato elegido por el 64% de trabajadores, pero cuya resolución ministerial de reconocimiento aún no fue entregada.
Condori fue expulsado por los trabajadores por denuncias de “incapacidad” para resolver la álgida situación por la que atraviesa EMV con acumulación de deudas con Huanuni, Colquiri y otros; sin embargo, pese a las denuncias, Condori regresó a la cabeza de la estatal Vinto.
Los trabajadores son amedrentados psicológicamente, en una suerte de acoso laboral con intimidación, utilizando la amenaza del despido. Además, les impiden realizar asambleas generales con participación de la mayoría y conculcan su derecho a la libre organización.
De igual manera, la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios de Bolivia (FNTUB) acusó al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, de haber conformado un ente sindical nacional paralelo, una apócrifa confederación de trabajadores universitarios con federaciones afines al MAS.
Ocurre lo mismo en el sector cocalero de La Paz, donde, para sustituir a la rebelde y antimasista ADEPCOCA, se crea un ente paralelo a la cabeza de Arnold Alanes. Miles de cocaleros de ADEPCOCA movilizados exigiendo el cierre del mercado paralelo creado por el MAS, marcharon demostrando la unidad granítica de los cocaleros de los Yungas frente al grupo liderado por Alanes, apadrinado por Evo Morales y los cocaleros del Chapare. Centenares de policías armados hasta los dientes reprimieron brutalmente la marcha de los cocaleros para proteger las instalaciones del mercado paralelo masista.
Política represiva y fascista
La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba manifestó en un comunicado público que el gobierno de Luis Arce arremete contra los sectores, organizaciones y dirigentes sindicales que ejercen su derecho legítimo a protestar y movilizarse, con persecuciones judiciales y policiacas, recurriendo a grupos de paramilitares organizados y armados en dependencias del Estado.
Desde hace algún tiempo atrás, el gobierno organiza grupos de choque contra las movilizaciones de los diferentes sectores con elementos claramente identificados con el oficialismo y también contratando forajidos con la finalidad de moler a palos las costillas de los inconformes.
En La Paz han cumplido el papel de huestes paramilitares los llamados “satucos” a la cabeza del matón Gustavo Torrico, ahora convertido en viceministro, y han procedido de la misma manera en Santa Cruz, dirigidos por los ministros de obras públicas y de gobierno. Se trata de un típico rasgo fascista que, sin embargo, no tiene posibilidad de fortalecerse debido a la debilidad del gobierno de Arce Catacora.
El gobierno despliega esta política represiva como medida preventiva para impedir futuras eclosiones sociales incontrolables que pongan en riesgo la estabilidad de un régimen político incapaz de atender las necesidades más apremiantes de la población.
La millonaria campaña que desarrolla el gobierno tiene la finalidad de aislar a todos los inconformes por igual y crear las condiciones de volcar a la opinión pública contra ellos. Busca crear toda una corriente popular en su favor para justificar una política represiva mucho más dura contra todo tipo de movilizaciones futuras.
No hay que dejarse amedrentar con las patrañas del gobierno de calificar toda protesta social de golpista para justificar la represión policial y de grupos de choque organizados desde el Ministerio de Gobierno.
Las movilizaciones de los productores de coca de La Paz, de los médicos y trabajadores en salud del sistema público y de la Caja Nacional de Salud, de los maestros urbanos y rurales, de los transportistas, etc. son genuinos movimientos reivindicativos impulsados por la crisis económica ante la incapacidad del gobierno para atender sus demandas.
La Federación de Maestros Urbanos de Chuquisaca manifestó que los trabajadores no deben permitir que el gobierno y los patrones, mediante el Ministerio de Trabajo, «pretendan intervenir nuestras organizaciones; los únicos que pueden dar legitimidad y legalidad a una dirección sindical son los trabajadores de base y los entes matrices. La guerra sucia que desata el gobierno contra los revolucionarios tiene el objetivo de descabezar a las organizaciones contestatarias, y en Chuquisaca tiene su réplica a través del proceso sindical impulsado por el MAS contra los dirigentes opositores».
Frente a todos estos ataques que sufren nuestras organizaciones y dirigentes debemos impulsar la movilización, la acción directa, que es la única forma de frenar la represión de la clase dominante y del gobierno. Eso lo demuestra la experiencia reciente de la derrota política del gobierno frente a la gran movilización de los cocaleros de los Yungas.
En este sentido, las federaciones de maestros de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca exigieron a la Confederación convoque lo antes posible a la Conferencia Nacional para continuar con la lucha; lo contrario significaría boicotear la movilización que ya hemos iniciado.
Con información de pronunciamientos y comunicados de las federaciones de Trabajadores de Educación Urbana de Chuquisaca, Cochabamba y La Paz.