A la burocracia sindical le cuesta cada vez más contener el descontento de las bases
El 16 de septiembre se realizó el Ampliado Nacional de la COB en la ciudad de La Paz para tratar varios temas que preocupan a los trabajadores del país como la Ley Corta, la Gestora Pública, el DS 4783 y la creación de una supuesta Central de Trabajadores de Bolivia.
La burocracia sindical a la cabeza de Huarachi tenía el claro objetivo de lograr que el ampliado dé su visto bueno a todas las acciones del gobierno para lo que, como ya es costumbre, contó con el respaldo de diferentes funcionarios de gobierno que se esforzaron por mostrar las bondades de la política laboral del MAS.
Pero ni todas las explicaciones de las autoridades, ni el marcado llunkerío de los dirigentes de la COB pudo revertir el descontento generalizado de los trabajadores que terminó expresándose por boca de los dirigentes de las diferentes confederaciones, federaciones y centrales obreras departamentales y regionales.
Por ejemplo, en lo que respecta a la famosa Ley Corta, los trabajadores exigieron que la misma sea promulgada y que su aplicación tenga carácter retroactivo para beneficiar a los trabajadores que fueron despedidos o tienen salarios impagos desde hace varios años y cuestionaron duramente a la dirigencia de la COB y a los representantes del Ministerio de Trabajo por pretender aplicar la norma sólo para los casos que se presenten en el futuro dejando de lado a los trabajadores, que en este momento se encuentran movilizados o con fallos y sentencias favorables. La burocracia, a regañadientes, tuvo que incorporar la exigencia de la retroactividad de la norma en las resoluciones del ampliado.
En el caso del Decreto Supremo 4783, que obliga a las empresas públicas productivas a entregar sus ganancias al TGN, hubo un cerrado rechazo de parte de los representantes de los mineros, fabriles, petroleros y trabajadores de ENTEL, quienes argumentaron que ellos siempre han aportado al Estado con sus ganancias, pero que no permitirían que el gobierno los deje sin recursos para la inversión productiva lo que significaría dejarlas sin porvenir y pondría en riesgo su estabilidad laboral.
Vanos fueron los intentos de la burocracia por apaciguar los ánimos planteando que las autoridades deberían bajar a socializar la norma con los trabajadores para aclarar malos entendidos. Los delegados terminaron imponiendo el rechazo, teniendo su expresión más enérgica en los representantes de Colquiri.
Otro tema que generó mucha polémica fue la cuestión de la Gestora Pública, a pesar de que el gerente en persona asistió al ampliado para jurar que los aportes de los trabajadores están seguros. La desconfianza hacia el gobierno por sus nefastos antecedentes de corrupción pudo más, y la consigna propuesta por la representación de la COD Chuquisaca, de que sean los propios trabajadores los que administren sus aportes, ganó rápidamente simpatía entre los asistentes.
La burocracia se vio nuevamente contra la pared y sólo pudo salir del paso argumentando que la creación de la Gestora Pública no era una decisión reciente y que la misma había sido avalada por los dirigentes de la COB y de otras confederaciones y federaciones en su momento y que ya no se podía retroceder en un tema oleado y sacramentado, pero, ante la evidente presión, nuevamente tuvo que acomodarse y si bien no se puso en las resoluciones la exigencia del control obrero colectivo, se terminó planteando que exista una representación laboral en la gestora con carácter ejecutivo y no simplemente de control social.
El ampliado también se manifestó respecto a la intención de algunos sectores de crear una organización paralela a la COB lo cual fue rechazado de forma unánime, asumiéndose la defensa del ente matriz de los trabajadores como una conquista histórica del proletariado y del pueblo boliviano, aunque nuevamente se desvirtuó el tema planteando que la defensa de la COB significa la defensa de Huarachi y compañía.
En conclusión, podemos decir que si bien la mayoría de los dirigentes continúan repitiendo el libreto de apoyo al “proceso de cambio” y su condena al supuesto “golpe de Estado”, ya no es posible ocultar el creciente descontento en las bases de los diferentes sectores que presionan vigorosamente a la burocracia sindical que termina expresando dicho descontento pero de forma distorsionada y acomodándolo al discurso del gobierno.
Es muy llamativo que connotados dirigentes masistas terminen cuestionando las acciones del gobierno y planteen cómo pedirán el voto a los trabajadores si el gobierno no atiende sus pedidos y también lleven al ampliado el reclamo de las bases que cuestionan las movilizaciones políticas (en defensa del gobierno) y que no se realicen movilizaciones por las necesidades reales de las bases.
El malestar creciente entre los trabajadores empieza a poner en aprietos a la burocracia, en el escenario de la crisis económica los trabajadores están siendo empujados a chocar con la política antiobrera del gobierno, pero la debilidad del proceso aún radica en la falta de direcciones revolucionarias en los diferentes sectores que permitan avanzar a la clase obrera a recuperar su independencia política frente al MAS.
Tomado de Masas N. 2717.