XXVI Congreso: ¿Quiénes piden inhabilitar a José Luis Álvarez y por qué?
Algunos representantes del departamento de Santa Cruz pidieron este martes que se inhabilite al secretario ejecutivo de la Federación de La Paz, José Luis Álvarez, alegando que fue sancionado por el Consejo Nacional de Disciplina Sindical (CNDS) en 2014. La Comisión de Poderes del XXVI Congreso de la CTEUB explicó que una orden judicial, el Congreso de Camiri y el mismo CNDS liberaron de culpa al dirigente paceño y le restituyeron todos sus derechos sindicales, razón por la cual declaró NO PROCEDENTE la solicitud de los delegados cruceños.
Una fracción de la delegación cruceña impugnó la habilitación de Álvarez como delegado titular de La Paz en el XXVI Congreso ordinario de los trabajadores de educación urbana de Bolivia que sesiona en la ciudad de Uyuni.
Los delegados que piden la expulsión de Álvarez pertenecen al bando pro oficialista más recalcitrante de Santa Cruz, entre ellos el exejecutivo de la Federación cruceña, Saúl Ascarraga; el actual dirigente del gremio, Osmar Cabrera, y la delegada de base Carol Pamela Ríos Hurtado.
Cabe recordar que en la última movilización nacional del sector realizada en marzo de este año en la ciudad de La Paz, los dirigentes del magisterio cruceño cumplieron el papel de agentes del gobierno, pretendiendo desorientar y dividir a las bases del magisterio nacional, e incluso calificando a los marchistas paceños como “mercenarios”.
La burocracia sindical de la Federación de Maestros de Santa Cruz es conocida a nivel nacional por su estrecha relación con el gobierno del MAS. Como prueba de sus excelentes relaciones, el presidente Luis Arce en persona “regaló” al gremio cruceño una sede sindical valuada en más de 4 millones de bolivianos.
“El grupo de Ascárraga tiene un reducido número de delegados y busca ganar protagonismo para poder terciar en la elección de dirigentes de la CTEUB; su interés velado es empantanar el Congreso”, explicó el secretario ejecutivo de la Federación de La Paz, José Luis Álvarez.
Según el líder trotskista, es práctica habitual del oficialismo y de la burocracia sindical “perseguir políticamente a sus enemigos y utilizar la justicia para castigar a los revolucionarios”.
Álvarez reiteró que la restitución plena de sus derechos sindicales “es cosa juzgada, determinada por un Congreso y ratificada por el Consejo de Disciplina Sindical. Es arbitrario pretender juzgar dos veces por un mismo problema; más que razones, aquí pesan intereses de acallar a la corriente trotskista”.